La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) de San Fernando ha lanzado la campaña 'Derecho a una Vivienda Digna' en respuesta a las crecientes dificultades de acceso a una vivienda digna en la región. Por ello, en la mañana del viernes 3 de mayo, se congregaron frente al Ayuntamiento para expresar sus quejas y trasladar su malestar. Con preocupantes indicadores, como un alto porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión, la campaña busca generar conciencia sobre la urgente necesidad de soluciones.
APDHA considera que la situación en Andalucía es "preocupante" y ha enviado un escrito a la alcaldesa isleña, Patricia Cavada, presentando datos alarmantes sobre el contexto socioeconómico y urgiendo a tomar medidas políticas. De cada 100 personas, casi 38 están en riesgo de pobreza o exclusión, y la región cuenta con 724,400 personas desempleadas, lo que representa el 17.60% de su población, un 50% más que la media nacional. La renta media por habitante en Andalucía es un 17% inferior a la media nacional, situándose en 11,719 €. Los jóvenes también enfrentan dificultades, ya que el 83 de cada 100 no pueden emanciparse debido a la dificultad para costear un alquiler, y en promedio, logran hacerlo a los 30.3 años, mucho más tarde que en otros lugares de Europa.
La concentración de viviendas en manos de fondos de inversión y grandes tenedores dificulta aún más el acceso a la vivienda para aquellos que más lo necesitan, según resalta APDHA. Además, enfatizan la importancia del acceso a una vivienda digna como un derecho humano fundamental, consagrado en la Constitución española y en el Estatuto andaluz.
La campaña insta a la creación de un parque público de vivienda social en régimen de alquiler, la regulación del mercado inmobiliario para contener los precios de los alquileres y proteger a los inquilinos, y la promoción de la rehabilitación urbana. También se exige una atención especial a los colectivos más vulnerables, como las personas desahuciadas, migrantes y personas sin hogar. Además, se informa sobre la presentación de una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz para abordar estas cuestiones a nivel institucional.
